El pago de las pensiones y jubilaciones magisteriales ejerce una presión indudable sobre el presupuesto nacional. Ello es así, no por culpa del Magisterio, sino porque el Estado encontró muy fácil apropiarse de los excedentes de las cotizaciones de los docentes, contribuidas desde 1958, en lugar de ajustarse a la ley y conformar un fondo de capitalización para el pago de jubilaciones futuras. Y sin afrontar las consecuencias de su propio ilícito, el Estado también encontró como la vía más fácil volverse en contra de los jubilados y satanizarlos, para acto seguido imponer reiterativamente gravámenes para paliar la ausencia del fondo. Genial idea: las víctimas del desvío pagan al responsable por el faltante, como si no viviéramos en un estado de derecho.
No solo se procedió con dichos gravámenes reiterativos sino que, en el colmo del cinismo, se puso sobre el tapete otra idea novedosa: como los gravámenes impuestos a las jubilaciones no dan lo suficiente al Estado, pues entonces bienvenidos sean los topes más severos al monto máximo de las jubilaciones. A tal pretensión se suman con entusiasmo legisladores y por supuesto el poder mediático, enemigo jurado del Magisterio, así como, incomprensiblemente, algunos altos juzgadores, que escogen cerrar los ojos ante la historia, y haciendo tabula rasa del ilícito estatal, dejarían las puertas abiertas a la continuación del expolio.
La idea de topes fue acogida con júbilo por la gran prensa. Y manifestaciones del ex superintendente de pensiones sirvieron de base para una manipulación vulgar al respecto. Expresó el funcionario: …”lo que es realmente caro no son las pensiones tan altas…pero si usted quiere conseguir plata, una reducción masiva, hay que hablar de pensiones de 1.5 millones de colones;…esa es una posición más personal; no tiene sustento técnico…porque el principio técnico es que una pensión de lujo es recibir más de lo que aportaste”. (17/12/18)*
Pero lo que claramente era la opinión personal del superintendente se convierte, cuatro meses después, y en un acto de prestidigitación mediática, en la posición “oficial” de la Superintendencia de Pensiones: “La Superintendencia define la pensión de lujo como aquella que supera el tope establecido en el régimen (IVM)…administrado por la (CCSS)” (18/4/19)*. Ese tope es precisamente de 1.5 millones, respecto del cual se había editorializado de previo proponiéndolo para todas las pensiones “…no importa cuánto haya cotizado el beneficiario” (5/1/19)*.
Tal es la cobertura periodística acerca de los topes a las jubilaciones en los últimos tiempos. Un último detalle: dado que la pensión máxima que otorga el IVM-CCSS es de 2.2 millones a quienes efectúan postergación, ¿será que dentro de poco tendremos a esos jubilados del IVM señalados y vilipendiados como “pensionados de lujo”, y estaremos ante clamores mediáticos para que se ajusten a ese tope uniforme de 1.5 millones, originado en la opinión personal del ex superintendente, y así obtener “ahorro”?
Dr. Jorge Danilo García,Ph.D.
Catedrático jubilado, UCR
(*) documentación en archivo