Nuestra misión es la defensa y el respeto del estado social de derecho y la seguridad jurídica que ampara a los funcionarios activos y pensionados del magisterio nacional, según el régimen jubilatorio que les corresponde. En ese sentido, el compromiso es con el cumplimiento de los derechos adquiridos y la irretroactividad de la ley, según se establece en la Constitución Política.
 
Igualmente impulsamos que los profesionales activos y los jubilados tomen conciencia de que la pensión no es una dádiva del Estado, sino un derecho reconocido por las leyes, al que se tiene derecho porque somos parte de un sistema solidario que se nutre con los aportes mensuales de cada uno de los afiliados. En ese sentido, el Estado es garante de la satisfacción de ese derecho al amparo de lo que dictan las leyes y los pronunciamientos de los tribunales de justicia. 

Por ello, nos oponemos a cualquier proyecto, idea o disposición antojadiza que atente contra nuestros derechos y las leyes que los amparan, comprometiéndonos con acudir a las vías legales necesarias cuanto sea pertinente.

Convertirnos en un grupo de vanguardia en pro de la defensa de la institucionalidad democrática de Costa Rica, basada en el respeto a la Constitución y las leyes, en aquellos temas referidos al derecho jubilatorio de los trabajadores del magisterio.

La situación precaria de las finanzas públicas, producto de la desafortunada y reprochable administración del gobierno central, ha traído múltiples consecuencias que se evidencian en los índices de desempleo, deterioro de las condiciones de vida y aumento de la deuda interna y externa que ponen en aprietos al erario para cumplir con sus obligaciones. Este ensanchamiento entre ingresos y gastos del país atribuibles a la ineptitud y dolo de los gobernantes es lo que todos conocemos como déficit fiscal.

En esta situación de apremio, los gobernantes buscan apresuradamente formas de contener el gravísimo daño ocasionado a lo largo de varias administraciones en las que se descuidó el tema fiscal y la protección de los intereses de la ciudadanía. Para ello, encuentran como espacio “viable” recoger dinero de un grupo de la población que “ya no afecta la producción nacional”; un grupo que cuyas características lo hacen agredible impunemente: los pensionados. Mientras tanto, los intereses particulares de los grupos empresariales son evidentemente protegidos y librados de cualquier agresión, a pesar de sus evidentes vínculos con la evasión y la elusión fiscal. 

El ataque ha sido especialmente centrado en aquellos jubilados pertenecientes al RTR del Magisterio nacional (incluye a todos aquellos que empezaron a trabajar antes del 15 de julio de 1992) según la ley 7531, aduciendo que representan una dura carga para el país y los contribuyentes, pues son pagados con fondos públicos. En ese contexto, omiten explicar a la opinión pública que fue el mismo Estado el que cerró el fondo de pensiones de los educadores del RTR a nuevos cotizantes, a pesar del cumplimiento de los trabajadores para crear su fondo propio de pensiones desde 1958. Debido a tal irresponsabilidad estatal, desaparecieron cerca de 5 billones de colones, con los que debía hacer frente a las jubilaciones de sus afiliados, pues el Estado nunca creo ese fondo y las contribuciones tripartitas (Trabajador, Patrono y Estado) pasaban mensualmente a gastos corrientes del gobierno.

Producto de ese “engaño” el Estado optó por particionar el régimen jubilatorio del Magisterio y asumió como responsabilidad propia el pago de las pensiones a quienes hasta entonces quedaban adscritos a lo que empezaron a llamar Régimen Transitorio de Reparto. Es decir, las pensiones de estos educadores pasaron a ser responsabilidad del Estado, mientras que a los educadores que empezaron a trabajar posterior a julio de 1995, se les creo un nuevo régimen llamado de capitalización colectiva, administrado en su totalidad por JUPEMA.

Hoy día, el gobierno presenta dicha situación como una carga y no como el natural compromiso y deber de pagar el dinero que desapareció en situación de verdadero desfalco por no haber creado el fondo de pensiones del Magisterio y desviar los ingresos que se aportaban a gastos corrientes. Es así, como hoy recurren a elementos ilegales e inmorales para dar otro manotazo a los dineros que legalmente nos pertenecen como producto de montos jubilatorios ya concedidos luego de haber pasado por los correspondientes tamices y fallos judiciales. Con ese accionar están afectando el propio régimen de derecho que sostiene nuestra democracia y los principios que enarbola nuestra nación, sin importar que con ello afecten el sostén del modo de vida, limpiamente ganado a lo largo de años actividad profesional.

Congruentes con nuestra formación académica, el compromiso social y ciudadano que nos caracteriza, y los aportes que hemos hecho con la formación de profesionales e intelectuales costarricenses, no podemos pasar por desapercibidas las amenazas y descréditos provenientes de discursos mediáticos que tergiversan y ocultan lo que está detrás de fuerzas e intereses económicos que intentan obviar las responsabilidades que el Estado está llamado a cumplir como producto de su compromiso legal. He aquí la razón por las que nos hacemos presentes como un colectivo comprometido con la defensa de la seguridad jurídica que garantice el cumplimiento de las leyes y los fallos judiciales.